En el marco de nuestro compromiso con la formación integral, la dignidad humana y el desarrollo de ambientes académicos propicios para el aprendizaje, se realizó un análisis integral del conjunto de reglamentos, protocolos y normativas que, a lo largo de los años, han ido regulando materias de convivencia universitaria, maltrato y resolución de conflictos, como pueden ser la Ley Karin, la Ley 21.369 o nuestro Protocolo de Maltrato Universitario, por ejemplo.
Al observar su diversidad, se vio necesario avanzar hacia un modelo único y transversal para todas las unidades, estamentos y ámbitos universitarios, con el objetivo de poder actuar de manera coherente y consistente frente a situaciones de convivencia.
Entonces, estructurada sobre un enfoque preventivo y formativo, la nueva normativa busca promover una cultura institucional basada en el respeto, el diálogo, la responsabilidad profesional y el cuidado de las personas, incorporando medidas de prevención, detección temprana, resguardo y apoyo, con especial atención a contextos sensibles, como los campos clínicos.
Por un lado, incorpora de manera expresa la mediación institucional como uno de los mecanismos de gestión de conflictos, orientado a la resolución colaborativa de controversias y al restablecimiento de relaciones funcionales, en virtud de que no todos los conflictos requieren una respuesta de carácter investigativo o sancionatorio.
Por el otro, define un procedimiento institucional común de investigación y sanción, que unifica criterios, estandariza procedimientos y fortalece las garantías de debido proceso, asegurando altos estándares de juridicidad e imparcialidad, de modo de proteger eficazmente a las personas afectadas, resguardar los derechos de quienes son objeto de una investigación y fortalecer la posición institucional de la Universidad frente a eventuales instancias de revisión o fiscalización externa.
